La sala IV de la Cámara Laboral confirmó una sentencia en la que se ordenó a Coto indemnizar a un supervisor del supermercado que fue despedido por haberse comido un sándwich y un helado delante de operarios a su cargo en horario laboral. Los jueces consideraron “desproporcionado” el despido del trabajador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, en forma unánime, el recurso interpuesto por una empresa subdistribuidora del servicio de gas natural, contra la sentencia de Cámara que rechazó su demanda por los daños derivados de un cambio en las tarifas, dispuesto por el ente regulador. En particular, el Máximo Tribunal de Justicia señaló que conforme la Ley 24.076 –marco regulatorio de este servicio público- las tarifas deben ser “justas y razonables” y que dicha normativa “dotó de facultades excluyentes al Ente Nacional Regulador del Gas”, para fijar dichas tarifas. Según el citado fallo, la actora, en su calidad de subdistribuidora, debía “aplicar el régimen de tarifas aprobado por aquel organismo (ENARGAS) para los distribuidores de la zona respectiva” y que “por ello no correspondía responsabilizar al Estado Nacional por sus actos lícitos”.
La sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por una asociación de usuarios y consumidores respecto de un decreto y una resolución del ENRE que autorizó a Edenor a realizar un aumento de tarifas con carácter retroactivo. El Tribunal destacó que esa posibilidad “fue producto de circunstancias completamente excepcionales”.
Autorizaron a una mujer a que se implante embriones congelados, en contra de la voluntad de su marido. La sala J de la Cámara Nacional en lo Civil confirmó una sentencia de primera instancia más allá de que su marido, de quien se encuentra separada de hecho, se opusiera. Los jueces sostuvieron que “la voluntad procreacional explícita queda pues manifiesta en ocasión de suministrar su material genético”.
La Justicia Comercial admitió en forma parcial el reclamo contra un banco del titular de una caja de seguridad robada. El cliente reclamó 214.000 dólares, pero sólo se le reconocieron casi 50.000. En el caso, el Tribunal afirmó que “una prueba rigurosa e inequívoca” del contenido de la caja era “una carga cuyo cumplimiento sería impracticable”.